Dr. Eliades Acosta Matos
No, las políticas públicas no solo incumben a los gobiernos. Tampoco es verdad que puedan formularse y aplicarse en condiciones químicamente puras, de laboratorio. Precisamente por estar destinado a la esfera pública e impactar a ciertos sectores, oa la sociedad en su conjunto, deben interesar a todos. Puede afirmarse, en consecuencia, que no hay ni puede haber políticas públicas sin la participación social, al menos si no se trata de una puesta en escena o el cumplimiento formal y para la prensa de promesas de campaña.
Mediante el diseño y aplicación de las políticas públicas los gobiernos planifican la solución, por etapas, de problemas de carácter complejo y que requieren análisis diferenciados, medidas específicas, seguimiento, control, evaluación, y eventualmente, rectificaciones y perfeccionamiento.
Tres indicadores infalibles para saber si estamos en presencia de una política pública responsable y verdadera se concretan en el grado en que se garantiza y convoque la mayor socialización posible durante su diseño y aplicación; el control y evaluación objetiva y sistemática a que se le someta y la voluntad política de corregirla y perfeccionarla permanentemente. Lo demás es pura escenografía, cuidado de rigor, seriedad y carácter científico.
Las políticas públicas ornamentales son extremadamente perjudiciales y provocan desconfianza y rechazo en la población. No se puede jugar con las prioridades y problemas concretos de las personas; no se puede ignorar la relación existente entre gobernabilidad y satisfacción de las necesidades básicas, siempre crecientes, de la gente. Planificar y actuar de manera responsable y sistemática es señal de que se desea resolver las dificultades, muchas veces postergadas, y garantizar un desarrollo sostenible para el bien de todos. No se puede jugar a planificar estratégicamente sin respetar los principios de la planificación y no se está consciente de su dimensión humana.
Se planifiquen políticas públicas para las personas, no para seguir una moda ni para mejorar los índices macroeconómicos.
Las políticas públicas deben ser racionales, sostenibles, precisas, concretas, flexibles, realizables y cuantificables. El período de planificación previa es decisivo, y no debe ceñirse a la acción tecnocrática de un grupo cerrado de expertos, frecuentemente desligada de la vida y las necesidades reales de las personas. No se puede adivinar, pues como decía José Martí, «gobernar es prever». No hay derecho a fallar, en la medida en que los seres humanos logran dominar los procesos sociales mediante el conocimiento científico y la organización social. Una política pública de espaldas a sus destinatarios, y decorada sin un enfoque multidisciplinario, puede provocar más problemas o agravar los ya existentes. Aquí los buenos deseos no bastan, pues como expresaban nuestros abuelos, «obras son amores».
La consulta y participación social es un requisito indispensable para reducir al mínimo la posibilidad de errar a la hora de diseñar las políticas públicas o el orden de prioridad en su aplicación, pues a la larga depende de la disponibilidad de recursos, siempre insuficientes para encarar la magnitud de los problemas acumulados en un país como República Dominicana.
No existen gurúes infalibles en las cuestiones sociales, ni estrategias milagrosas, ni soluciones mágicas. Un gobierno no pierde autoridad auscultando la opinión popular en el proceso de planificación de sus políticas públicas. La participación real es un elemento imprescindible de toda democracia, y pocas acciones humanas deben ser más democráticas que la aplicación de programas y planes que mejoren a todos. Esta verdad tan elemental y suele obviar ser dejada de lado por los que creen que gobernar es imponer o favorecer a sectores y grupos, antes que a la sociedad en su conjunto. Sin consenso, no hay políticas públicas verdaderas.
Otro momento importante en este proceso es la rendición de cuentas por las políticas públicas aplicadas, la evaluación objetiva de sus impactos, el grado de eficacia que han logrado y la satisfacción o el rechazo de aquellos a quienes surgen. Nada caracteriza más a un verdadero estadista que la humildad ante sus propias acciones, sus consecuencias y la voluntad de rectificación, en caso de esto ser necesario. Un ejemplo positivo reciente fue dado por el presidente Luis Abinader al dejar sin efecto la decisión de entregar un fideicomiso la administración de la planta energética de Punta Catalina, medida impopular y muy combatida por diversos sectores de la vida social. Rectificar es de sabios, y lejos de dañar la imagen o posición del que rectifica, lo fortalece.
La evaluación del impacto social de las políticas públicas debe estar incluida de forma muy precisa en los planos estratégicos de las mismas. No debe descansar solo en entidades gubernamentales, sino también de la sociedad civil, e incluso en organismos internacionales especializados. Cruzar información y cotejarla; aplicar el enfoque histórico y multidisciplinario; tener puntos claros de referencia para las comparaciones y cuantificar con estadísticas confiables, en la medida de lo posible, el antes y el después, son exigencias metodológicas de estos procesos. Compartir los resultados públicamente, en tanto asuntos de interés social; propiciar el debate de las conclusiones y abrir un compás para recibir propuestas, críticas y sugerencias son muestras de madurez, responsabilidad, seriedad y democracia.
Una vez llevado a cabo el debate anterior, ha llegado el tiempo de la reformulación, rectificación y perfeccionamiento de las políticas públicas. Aquí tampoco hay derecho a postergar ni errar: hay que cambiar todo lo que deba serlo; hay que introducir enfoques nuevos si los anteriores no funcionaron debidamente; hay que ser creativos y audaces avalados por el proceso científico y consensuado de evaluación al que hemos hecho referencia, y hay que proclamar, inequívocamente, los nuevos recursos objetivos, plazos, destinados e impactos esperados de la nueva planificación.
Si, como proclamase Benito Juárez, «el respeto al derecho ajeno es la paz», el perfeccionamiento constante de las políticas públicas y el consenso general que el mismo genere, son garantías de la paz social, la gobernabilidad, el desarrollo y el perfeccionamiento de la democracia en las naciones.
