Dr. Enrique Soldevilla Enríquez

Entre las muchas definiciones del concepto de políticas públicas cabe sintetizar que estas, a fin de cuenta, constituyen cristalizaciones de la praxis de conducción social; o, lo que es lo mismo, de la praxis de gobernabilidad política.

A su vez, todo proceso de gobernabilidad política, cualquiera que sea su accionar para reproducir un sistema socioeconómico concreto, no puede dejar de sustentarse en una base cosmovisiva y filopolítica, articulada a intereses de grupos, de clases o de castas, que la motiva e inspira en su quehacer sociocultural e histórico.

Lo comentado en el párrafo anterior revela la inexorable articulación entre la gobernabilidad y su finalidad política e ideológica, cuyas huellas jurídicas y administrativas están impresas precisamente por las políticas públicas. De aquí la pertinencia de preguntas esenciales a la hora de concebir o de estudiar esas cristalizaciones de toda praxis gubernativa: ¿Quién gobierna? ¿Para qué se desea gobernar? ¿Para quiénes se gobierna?

Es mediante la gobernabilidad donde se pone de aliviar una voluntad política de preservar a cualquier precio la hegemonía del poder, o promover el altruismo que motiva a propiciar el bienestar y la felicidad de los ciudadanos enfocándose en procurar, con políticas públicas justas y humanistas, la mejor armonización de tres entornos que no pueden dejar de estar articulados: el de los intereses individuales, el de los grupales y el de los más generales de la sociedad.

Los intereses sociales generales son aquellos que buscan satisfacer el logro de los objetivos más globales y estratégicos del tipo de socialidad que se pretende organizar; los intereses grupales buscan satisfacer propósitos más parciales —aunque colectivos— de los diversos agrupamientos sociales, sea por profesión, género, etnia, raza, generación, región habitacional, otro tipo de actividad social, etc., en que se compone cualquier sociedad; y los intereses individuales son aquellos legítimamente sostenidos como parte de los proyectos de vida de las personas, hombres y mujeres, en general, que componen la sociedad de que se trate.

Armonizar significa satisfacer con sistematicidad y prontitud las necesidades, las aspiraciones legítimas y problemas de cualquier índole, acumulados y pendientes de solución, que afectan a cada uno de los referidos tres alrededores de intereses sociales. La armonización generaría una sinergia sociopolítica, económica —y cultural, en un sentido amplio— que se traduce en consenso afectivo y legitimidad del sistema político. Es una limitación conceptual considerar que, al Estado satisfacer los intereses generales, se satisfacen «automáticamente» los grupales y los individuales, pues las necesidades y los intereses son diversos en cada uno de los tres alrededores societales mencionados.

Tomar muy en cuenta esa armonización plantea un problema ontológico crucial para la filosofía política porque, por ejemplo, ¿puede hablarse de desarrollo humano y de respeto pleno a los derechos individuales sin una voluntad política armonizadora de los aludidos intereses sociales, que es una vía de plasmar el bienestar material y subjetivo de los ciudadanos?

En suma, la voluntad política de prestar atención para armonizarlos sistemáticamente lo mejor posible, mediante políticas públicas, es una cuestión ética y de justicia social, y constituye un camino óptimo para que los individuos alcancen mayores cuotas de bienestar en todos los órdenes de su existencia . De este modo puede hacerse realidad la frase de Simón Bolívar cuando dijo: «El sistema de gobierno perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política».

FUENTE CONSULTADA

 Soldevilla Enríquez, E. (2019). El valor de la empatía en la gobernabilidad política . Inédito y en preparación para su publicación.