Por: Eulalia M. Pérez C.

Resumen:

El presente artículo apunta a la reflexión sobre el modelo histórico de las políticas sociales, su implementación y administración por los gobiernos como estrategia para disminuir la pobreza, en cuanto esta es una expresión de la desigualdad, de la exclusión social y de la marginalidad. Entre las estrategias diseñadas por los gobiernos nos encontramos con la focalización de la pobreza como dispositivo de la gestión para disminuirla; sin embargo, los programas gestionados son acciones de naturaleza asistencialista, los cuales apenas llegan a impactar a los destinatarios que sobreviven en condición de pobreza y pobreza extrema.

Estas políticas asistencialistas tienen carácter residual e involucran financiación externa y donaciones a través de organismos internacionales, las cuales no contribuyen a la creación de espacios de autogestión humana y de generación de riquezas materiales que posibiliten el estado de bienestar de la población.

En el contexto de la investigación, trataremos la focopolítica como dispositivo de desarrollo humano para la disminución de la pobreza auspiciada por organismos internacionales, con miras a promover el desarrollo. Entendemos, sin embargo, que dicho dispositivo, concebido como estrategia para combatir la pobreza, la reproduce o, al menos, no la disminuye.

Una política social sostenible debe estar orientada a la distribución del ingreso en el contexto de la universalidad de bienes y servicios y de seguridad social en procura de una sociedad más igualitaria. Las políticas de acción social estarán siempre enfocadas, contrario a lo que ocurre con el asistencialismo, en escenarios fundamentales como son el mercado de trabajo, la seguridad social, la mercantilización o desmercantilización de bienes y servicios, y el estado de bienestar.

Introducción

Las políticas sociales propuestas por los gobiernos de República Dominicana para combatir la pobreza se enmarcan en el contexto de programas asistencialistas, no en una política social sostenible que contribuya a que la población que vive en condición de pobreza y pobreza extrema pueda desarrollar sus capacidades con la finalidad de autogestionarse riqueza material. Bustelo (2008) sostiene que, «la política social debe estar fundamentada en un modelo que permita una mejor distribución del ingreso y la riqueza orientados a cambiar el sistema de dominación que prevalece en las relaciones de poder» (p. 1).

Al respecto consideramos que la finalidad de crear políticas sociales sostenibles es que las mismas estén alineadas en el marco de una sociedad más igualitaria. Dichas políticas deben estar enfocadas en la disminución de los índices de pobreza, la exclusión social y la marginalidad, así como al acceso de bienes y servicios fundamentales que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la población que vive en condición de pobreza.

En este contexto los programas asistencialistas focalizan la pobreza gestionándola como un «paliativo circunstancial» y no como un problema social que debe ser resuelto en términos estructurales. La pobreza imposibilita el acceso a bienes y servicios que coadyuven a reducir la exclusión social y la desigualdad.

En el marco de nuestra investigación, la cual hemos titulado «Política social y focopolítica como dispositivos para disminuir la pobreza», iniciamos estos planteamientos con una revisión conceptual sobre tres categorías fundamentales: política social, focopolítica y pobreza.

Asimismo, abordamos los antecedentes de la política social desde la perspectiva propuesta por Bustelo (2008) en Política social sin política: la focopolítica como dispositivo de desarrollo humano, así como una reflexión sobre los programas asistencialistas con los que erróneamente se procura reducir la pobreza y la pobreza extrema.

En cuanto al dispositivo de política social sustentado por Laurell (1995) y citado por Coraggio (1999, p. 23), se define como el «conjunto de medidas e instituciones cuyo objetivo es el bienestar de la población». Partiendo de esta premisa consideramos que las políticas actuales implantadas por los gobiernos están basadas en programas asistencialistas y no en políticas sociales sostenibles.

Antecedentes históricos

Las transformaciones de la política social tuvieron un repunte a partir de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo fundamental de cimentar una nueva sociedad en los países europeos en los que se habían consolidado los principios de la socialdemocracia, que, al materializarlos en la vida práctica en sus respectivas sociedades, dieron origen al concepto de Estado de bienestar. Los debates sobre la integración de políticas sociales estuvieron centrados en cinco ejes principales: 1) el origen de la política social, 2) la idea de construcción social, 3) el trabajo como dispositivo de inclusión social, 4) el acceso universal a la educación, 5) la política social anclada en el Estado como instrumento redistribuidor del ingreso y de la riqueza (Bustelo 2008).

Estos inicios fueron el resultado de continuas luchas sociales a partir de la Revolución Industrial. En este contexto se preparaba primero una reconstrucción a partir de un proyecto nacional, cuyo objetivo central se instauraba en la creación de una sociedad basada en la solidaridad. El autor citado en el párrafo anterior plantea que esto originó un segundo principio: el nacimiento de una política social relacionada a «la idea de construcción de sociedad desde la perspectiva de una sociedad constituida principalmente en modelos más igualitarios de organización» (p. 2). En este contexto una política social debe ser viable con el autogestionamiento de los ciudadanos, a fin de que puedan crear su propio proyecto social que genere riqueza material e inclusión social.

El tercer principio se basaba en el trabajo como instrumento fundamental para la inclusión social y el acceso a bienes y servicios. Este concepto se fundamentaba en la universalidad de un sistema de seguridad responsable que involucraba el mercado de trabajo, a fin de que el ciudadano pudiera ser autónomo y generar sus recursos y su propio estado de bienestar anclado al acceso a derechos sociales, a la seguridad social y a la asistencia, como son la protección en caso de pérdida de empleo, por enfermedad o una condición especial, «la ciudadanía era pensada como organización básica unificadora de la vida social, lo que se generaba a través de una cultura de trabajo» (p. 2).

El cuarto principio es el acceso universal a la educación, el desarrollo de una sociedad se basa fundamentalmente en un sistema educativo de calidad y de acceso a toda la población, a través de este se puede lograr una sociedad más inclusiva. Entendemos la educación como un dispositivo para capacitar, promover y desarrollar las habilidades necesarias en los individuos para que estos se empoderen y gestionen la generación de recursos materiales, a fin de mejorar su calidad de vida e inclusión social. Bustelo afirma que «la educación era la socialización de los individuos en términos de cultura común, lo que les posibilita interpretar su individualidad, pero con pertenencia social, y concebirse, en consecuencia, como partes de un proyecto en conjunto» (p. 2).

El quinto y último principio conductor, señalado por Bustelo (2008), «es el que trataba de hacer avanzar una política social en el contexto de un proyecto colectivo que estaba anclado en el Estado como instrumento redistribuidor del ingreso y la riqueza» (p. 2). En este sentido, consideramos que la estrategia fundamental para combatir la pobreza se basa en un sistema con políticas económicas inclusivas, ya que en dicho sistema se encuentra la distribución principal del ingreso. Asimismo, debe crear una estructura de oportunidades que promueva que un ciudadano pueda tener autonomía y posibilidades para tener acceso a bienes y servicios fundamentales para el desarrollo de la condición humana que le permita vivir con dignidad. Una política social debe estar alineada a la creación de una sociedad más igualitaria.

En este contexto Bustelo (2008, p. 2) sostiene que:

(…) La implementación de este modelo de política social al que él denomina «histórico» fue exitoso en la consolidación de las sociedades nacionales de Europa, tanto desde el punto de vista político como económico y social, lo que se revela en tres cosas, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en los decisivos niveles de igualdad alcanzados y en el impresionante y continuo avance positivo que tuvieron todos los indicadores sociales. (…)

Sigue señalando el mencionado autor, que «este paradigma histórico de la política social nunca se concretó completamente en América Latina, pero quedó en el imaginario político» (p. 3). Actualmente no se ha logrado un servicio universal gratuito en América Latina y el Caribe, se observa una mercantilización y desmercantilización en los sectores de salud y educación, a excepción de Cuba, en donde el acceso a dichos servicios es gratuito.

Focopolítica y pobreza

En relación con la focopolítica como dispositivo de desarrollo humano, Álvarez Leguizamón (2008) sostiene que «la misma se circunscribe en el ámbito de los llamados Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. Estos programas son una segunda reproducción de las focopolíticas» (p. 2). A través de dichos programas se ha propuesto reducir la pobreza y la exclusión social financiándolos en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).

Álvarez Leguizamón igualmente plantea que la focopolítica es una nueva representación de dirección, impulsada no ya por los estados nacionales, sino por los organismos internacionales de financiación y de apoyo del desarrollo como son las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este contexto hemos expresado, al inicio de este artículo, que la focopolítica como mecanismo de desarrollo humano y la implementación de los programas asistencialistas con los que se pretende disminuir la pobreza, auspiciados por estos organismos para la promoción del desarrollo, realmente reproduce la pobreza y no la disminuye; los mismos fortalecen los procesos de exclusión, la desigualdad social, así como el empobrecimiento de la población.

Con relación a la definición de focopolítica de desarrollo humano, Álvarez Leguizamón (2008 p. 4) expresa que:

(…) Es una nueva forma de gobierno sobre los países pobres y sobre los pobres de estos países que forman parte de la gubernamentalidad neoliberal y, sobre todo, de las geopolíticas de los organismos supranacionales de crédito, que dicen «luchar» contra la pobreza (…).

Consideramos que los organismos internacionales crean una dependencia económica a través de acuerdos de cooperación, de financiación y la extensión de políticas asistencialistas sin lograr impacto de consideración en la disminución de la pobreza y la movilidad social, lo que se refleja en el empobrecimiento y la exclusión social de la población que vive en las franjas de la pobreza y de la pobreza extrema.

Foucault (1986), citado por Álvarez Leguizamón (2008, p. 6), sostiene que el nuevo «arte de gobernar» de la focopolítica «está constituido por una nueva tecnología de gobierno, que conforma una nueva economía basada en la economía de energía del Estado», determinada por la demarcación de poblaciones que viven en condición de vulnerabilidad y en extrema pobreza. En este contexto, consideramos la tecnología de gobierno como conjunto de operaciones para lograr un resultado que en cada caso puede ser diferente.

La autora afirma que «en la etapa de la focopolítica los objetos del saber de los expertos sociales son, entre otros, no ya los problemas de la población, sino la precisa identificación de las poblaciones excluidas del trabajo estable o de la dinámica dominante las poblaciones objetivo». Entendemos que esta focalización de la pobreza se concentra en segmentar a una población determinada a fin de subvencionar a los pobres sin un impacto real en la disminución de la pobreza.

La pobreza es eje transversal a todos los problemas sociales que afectan a la población, siendo el principal la privación de recursos. En tal sentido Jaume (1989), citado por Gutiérrez (2007, p. 22), afirma que «pobre es aquel que en comparación con otros individuos de su sociedad alcanza, de una serie de rasgos, tomados como categorizadores, los más bajos niveles».

La pobreza está directamente relacionada, según Bustelo, con una mala distribución del ingreso y de la riqueza de un país, el desempleo increscendo y salarios muy bajos (2008). El desequilibrio generado por la sociedad es factor fundamental que impide que la población que vive en condición de pobreza y pobreza extrema tenga acceso a bienes y servicios fundamentales para su desarrollo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de acuerdo con su informe titulado «Panorama Social de América Latina», publicado en 2018 (pp. 18-37), sostiene que:

La desigualdad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década del 2000. El promedio simple de los índices de Gini de 18 países de América Latina bajó de 0.543 en 2002 a 0.466 en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en los años anteriores: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio de índice fue del 1.3%, entre 2008 y 2014 del 0.8%, y entre 2014 y 2017 del 0.3%. De acuerdo a este informe, en la región persisten altos niveles de desigualdad económica y social. América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo.

Las políticas públicas sociales universales de protección social y mercado de trabajo deben asegurar la igualdad de oportunidades a través de la asignación de recursos orientados a desarrollar las habilidades y capacidades de los ciudadanos para su autogestión en la producción de recursos materiales. Dichos recursos deben reflejarse en la calidad de vida y de la movilidad social de la población.

Conclusión

Luego de los planteamientos abordados en nuestra investigación sobre política social y focopolítica como dispositivos para disminuir la pobreza, arribamos a las siguientes conclusiones:

El Estado como protector y garante de los derechos fundamentales de la población debe fortalecer las políticas sociales, asimismo, tiene la responsabilidad de crear los dispositivos necesarios para reducir la pobreza y la pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión social mediante la focalización de los recursos y la ejecución de programas sociales puntuales en estos sectores; además, debe eliminar los programas asistencialistas, los cuales no disminuyen la pobreza, sino que, como hemos expresado, la reproducen. Dichas políticas deben ser estructurales, con un crecimiento sostenible y orientado en aspectos fundamentales como son la seguridad social, el acceso a bienes y servicios, la protección social, el mercado de trabajo, la educación y la vivienda, entre otros.

Las políticas sociales implementadas a través de la focalización de la pobreza y la ejecución de programas asistencialistas corresponden a las de un modelo neoliberal. Consideramos que los organismos internacionales a través de sus programas de financiación ejercen un dominio sobre los países de América Latina y el Caribe con un concepto geopolítico cada vez más globalizado, a fin de implantar su hegemonía en la región. El incremento de la deuda con el financiamiento de dichos programas crea una relación de dependencia económica con dichos organismos.

Las políticas sociales realmente enfocadas en disminuir la pobreza, la pobreza extrema, la exclusión social y la marginalidad deben estar basadas en el desarrollo de una sociedad más igualitaria, socialmente responsable, orientadas, además, a un sistema socio económico general inclusivo con una adecuada distribución de la riqueza y el ingreso por parte del Estado, con acciones puntuales que permitan el acceso a la universalidad de bienes y servicios, a la seguridad social y a un mercado de trabajo generador de impacto favorable en la población.

Una política social estructuralmente sostenible debe estar alineada desde la perspectiva de la creación de un sistema de oportunidades que contribuya a que la población que vive en condición de pobreza pueda crear riqueza material y construir capacidades para el desarrollo, de modo que dichas oportunidades se expresen en un verdadero cambio de la realidad, de la calidad de vida, del Estado de bienestar y de la movilidad social.

La pandemia de COVID-19 ha visibilizado la falta de políticas sociales sostenibles que contribuyan a disminuir la pobreza y la pobreza extrema. De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el impacto de la crisis en esa región, la tasa de pobreza aumentó, para el año 2020, en un 33.7 %, y la pobreza extrema en un 12.5 %, lo que refleja un retroceso en la implementación de políticas sociales y de bienestar en la población que vive en condición de pobreza.

Referencias

• Álvarez Leguizamón, S. (2008). Biopolíticas neoliberales y focopolítica en América Latina, los programas de transferencias condicionadas. CLACSO ALACIP, San José de Costa Rica.
• Bustelo, E. S. (2008). La política social sin política. Trabajo presentado en el Encuentro Internacional Políticas Sociales e Institucionalidad Publica, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, del 28 al 30 de abril de 2008.
• Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Informe Panorama Social de América Latina. www.cepal.org/publicaciones, recuperado el 25 de abril de 2018.
• Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Informe Panorama Social de América Latina 2020. www.cepal.org/publicaciones, recuperado el 19 de septiembre de 2021.
• Coraggio, J. L. (1999). Política social y economía del trabajo. Alternativas a la política neoliberal para la ciudad. Miño y Dávila, Madrid, https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/Pol%C3%ADticasocial_ yEdT.pdf, recuperado el 10 de mayo 2019.
• Gutiérrez, A. (2007). Pobre, como siembre… Estrategia de Producción social en la pobreza. Ferreyra, Editor, Córdoba, Argentina.