Por: Eliades Acosta

En nuestros días, de profunda crisis de los sistemas políticos, de los partidos y del propio Estado, casi nadie cree en las promesas electorales. La población, especialmente el electorado, no suele seguir los debates de campaña y mucho menos leer a conciencia los programas que se publican. Un profundo y devastador hastío es el motor que mueve los actuales procesos electorales, con niveles inusitadamente bajos de participación, escaso entusiasmo, formalismo democrático, demagogia, populismo y apuesta por el clientelismo. No es de extrañar, en consecuencia, que se vote por un gesto mediático, el carisma, una frase afortunada, un slogan teatral o la imagen del candidato.

Pero no siempre fue así.

A fines de 1962 la población dominicana se involucraba activamente en la política, con el júbilo de participar en procesos por primera vez democráticos, tras la larga noche totalitaria del trujillato. Es cierto que carecía de orientación, educación cívica e información, todo lo cual le había sido cercenado durante más de tres décadas de dictadura, como también que eran elevados los niveles de analfabetismo, y persistía cierto recelo y desconfianza hacia las ideas desacostumbradas y los discursos políticos que hicieran pensar, no acatar. Pero todo ello se suplía con el disfrute de libertades y derechos democráticos incipientes, largamente conculcados, y con el ansía irrefrenable de bienestar, progreso y justicia social sin exclusiones, alentados por los ecos que llegaban de la revolución cubana, en momentos en que América Latina y el Caribe eran estremecidos por la irrupción de los jóvenes en la política, con ideas antioligárquicas, antiimperialistas y libertarias.

Un panorama tan complejo y abigarrado no pudo menos que reflejarse en los programas electorales de los partidos dominicanos que contendieron en las elecciones de 1962, y por supuesto, en el del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que resultaría a la postre vencedor, y en el discurso y la práctica de su candidato, el profesor Juan Bosch.

Si queremos entender las líneas estratégicas de su gobierno, plasmadas en las políticas públicas que pudo implementar en apenas siete meses, los que tardó en estallar el golpe de Estado que lo derrocaría, debemos incluir algunos conceptos claves, tales como: programa político, programa electoral, programa de gobierno, cumplimiento de las promesas electorales y políticas públicas.

El programa político de un movimiento, partido o coalición de partidos es la explicación fundamentad de sus objetivos y metas estratégicas, expresado con lenguaje claro, basado en la cosmovisión de este, su autorreconocimiento dentro del espectro de tendencias políticas nacionales e internacionales y una mirada general de la sociedad, a largo plazo, que incluye lo que se quiere transformar y qué se propone construir. No necesariamente representa los intereses de todos los sectores y clases sociales que componen la nación, ni se limita a unas elecciones o a un período de mandato.

El programa electoral suele ser más táctico que estratégico, e incluye, por lo general, los propósitos a alcanzar en caso de resultar vencedora en las elecciones la fuerza política que lo promueva. Se trata de declaraciones de objetivos concretos a lograr o de promesas electorales a cumplir, en beneficio de la población, en el marco definido del período de mandato que las leyes y la Constitución concedan.

El programa de gobierno es la plasmación de la totalidad o una parte del programa electoral, y por ende, del programa político que lo sustenta, tras haber resultado vencedora en las elecciones determinada fuerza política y, en consecuencia, estar en condiciones legales y constitucionales para formar gobierno. Debe estar orientado hacia el bien común de toda la sociedad, independientemente de que se prioricen los grupos vulnerables que la componen. Su duración temporal y sus proyecciones se delimitan por el período de mandato otorgado, y estará sujeto a pactos nacionales e internacionales en vigor, a los influjos estratégicos de desarrollo, y a variables presupuestales, sociales, medioambientales y políticas, entre otras.

Las políticas públicas, de acuerdo a la nueva definición que propone el investigador colombiano Raúl Velásquez Gavilanes, « [forman parte] de un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por las autoridades públicas, con la participación eventual de los particulares y dirigido a solucionar y prevenir una situación definida como problemática pública […]».[1] Si por autoridades públicas entendemos a los representantes del gobierno electo, es obvio que se trata de medidas que, de algún modo, deben estar incluidas en las prioridades y promesas de los programas electorales de la fuerza política vencedora en los comicios, a las que se suman otras exigidas por la oposición, la sociedad civil o la coyuntura nacional e internacional. En líneas generales, estas medidas deben estar en consonancia con los principales objetivos estratégicos de los programas políticos de esas mismas fuerzas.

Con estas definiciones a mano, estamos en mejores condiciones de analizar el Programa de Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, que llevó al profesor Bosch a la presidencia del país en 1962 y que fue publicado 21 días antes de los comicios, el 29 de noviembre de ese mismo año, en el periódico El Caribe, página 5.

El Programa de Gobierno del PRD estaba diseñado para el nivel cultural de la mayoría de la población dominicana, y muy especialmente, del electorado rural, que era mayoritario entonces. Mientras que el Programa de la Unión Cívica Nacional, principal fuerza política contraria al PRD, tuvo que ocupar cuatro páginas de El Caribe del 12 de diciembre y otra más explicativa en la edición del 15 de diciembre, al PRD le bastó una página para exponer su programa. Por otro lado, tanto el PRD como la UCN, en las condiciones concretas de un país carente de cultura política democrática y de información, aun la más elemental, sobre las tendencias políticas y las doctrinas sociológicas y económicas del mundo moderno, se vieron obligados a fundir en sus manifiestos sus programas políticos con sus programas de gobierno. Eso explica el carácter didáctico y proselitista de ambos documentos: había que formar electores y, a la vez, captarlos, en un tiempo increíblemente corto. Más que la prensa, el vehículo principal de información y formación del electorado en los comicios de 1962 fue la radiodifusión, especialmente el espacio diario del PRD conocido como Tribuna Democrática, que se difundía desde la capital.

[1] Raúl Velásquez Gavilanes: «Hacia una nueva definición del concepto de políticas públicas». Revista Desafíos, Vol. 20, Universidad del Rosario, Colombia, enero-junio 2009, pp. 149-187.

Una muestra de esta ecléctica fusión entre el programa político y de gobierno del PRD, lo constituye el primer párrafo de su manifiesto electoral, publicado en El Caribe, el 29 de noviembre:

El PRD ofrece al país, por medio del presente Programa de Gobierno, medidas simples y directas que son necesarias para transformar la situación económica, social y política de la República a fin de asegurarle al pueblo dominicano el bienestar económico, la seguridad social y las libertades políticas que está buscando con enormes sacrificios desde que se estableció como nación independiente.

Con prosa sencilla, directa y clara, sin alardes teóricos, este Programa de Gobierno del PRD, desde su primer párrafo, se adentraba en el análisis político, doctrinario, estratégico, histórico, táctico y práctico de la situación del país, y proponía las vías para superar los grandes desafíos del momento, esbozando tres grandes campos que, de manera priorizada, abarcarían sus políticas públicas: lo económico, social y político.

El PRD, de esta manera, salía al ruedo electoral de 1962 con una enorme ventaja: la de ir ganado la batalla de la información.