Por Dr. Eliades Acosta Matos

En un artículo anterior de esta serie examiné los catorce puntos económicos del Programa de Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), publicado en el periódico El Caribe en su edición del 29 de noviembre de 1962, a menos de un mes de celebrarse en el país las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al candidato Juan Bosch, con más del 60 % de los votos emitidos.

Tras 31 años de férrea y sangrienta dictadura de Rafael L. Trujillo Molina, resultaba novedosa para el pueblo dominicano la competencia electoral entre los partidos, legalizados después del ajusticiamiento del dictador, y la promoción, explicación e impugnación de sus programas de gobierno. Era de por sí algo inusual, olvidado y sepultado en la memoria nacional, la acción de ofrecer a los ciudadanos un conjunto de objetivos a lograr mediante la puesta en vigor de las políticas públicas que se implementarían por el equipo que resultase vencedor.

Como norma, y la dictadura de Trujillo no fue la excepción, los regímenes totalitarios no permiten la participación ni el control ciudadano sobre sus políticas públicas, ni sobre las prioridades presupuestales, ni la transparencia y evaluación de estas. Sin ciudadanía activa y consciente, y sin participación democrática en los asuntos de gobierno, no puede hablarse en rigor de un sistema de políticas públicas, sino de su remedo. Eso, a la luz de la realidad del país a fines de 1962, confería un interés muy especial al Programa de Gobierno del PRD y a los de los demás partidos.

En lo social, el Programa de Gobierno del partido de Bosch proponía ocho medidas revolucionarias, tales como la proclamación de los derechos de los trabajadores, del campo y la ciudad, al trabajo y a una remuneración digna; disfrutar de seguros de enfermedad, invalidez y vejez, e intervenir en la formulación de las leyes sindicales y agrarias. La diferencia cualitativa entre la propuesta del PRD y la forma en que se había gobernado durante las tres décadas trujillistas estribaba, precisamente, en esta última frase, la que prometía garantizar la participación ciudadana en las cuestiones de gobierno y leyes.

Los puntos dos, tres, cuatro y cinco del epígrafe dedicado a lo social en el Programa de Gobierno del PRD, reforzaban la garantía de los derechos esenciales para todos los dominicanos, sin excepción, y servirían de plataformas sobre las que erigir luego el sistema de políticas públicas que el país requería. El segundo punto, por ejemplo, consagraba los derechos de la mujer y el niño a la seguridad social, familiar, jurídica y económica. En los puntos tres, cuatro y cinco, se prometía la elaboración de algunos códigos básicos: un nuevo Código del Trabajo, para garantizar «una verdadera justicia social»; un Código Sanitario, para regular la salud pública y un Código de Educación.

El punto seis tenían un sentido práctico: buscaba remontar en corto tiempo el flagelo del hambre, la desnutrición endémica y la pobreza, garantizando la creación de una red de comedores populares «[…] donde las familias de escasos recursos puedan comer comida abundante, sana y nutritiva mediante pagos mínimos». Los recorridos de dirigentes del PRD por el país, la información previa acopiada y los reclamos del pueblo confluían para justificar esta prioridad, que destacaba entre otras políticas implementadas.

Los puntos siete y ocho apuntaban hacia el fomento del deporte y la recreación sana, como derecho de todos, y la creación de una red hospitalaria en el país, entonces inexistente, especialmente en las secciones rurales y los barrios pobres.

En lo político, el Programa de Gobierno del PRD contemplaba tres puntos de suma importancia: el primero, expresaba el compromiso del PRD, desde el gobierno, de garantizar «las normas democráticas, hasta hoy nunca aplicadas totalmente aquí», enumerando un grupo de objetivos a lograr en este ámbito y subrayando la importancia de la implantación de un verdadero sistema de justicia. El segundo, también permitía medir las diferencias cualitativas con el trujillato, pródigo en corrupción impune para el sátrapa y sus allegados. Aquí el PRD promovía que se declarasen como «delitos infamantes con degradación ciudadana solemne y pública» el robo de fondos públicos, y la corrupción en todas sus variantes, «y todo acto que lesione los derechos de los dominicanos a la igualdad económica y social, al disfrute de libertad y de todos los atributos que van ligados al título glorioso de “ciudadano”». Por último, se prohibía de manera terminante el uso en la prensa de «títulos y adjetivos» para nombrar a los funcionarios gubernamentales, quienes solo podrían ser llamados por las funciones que se les asignasen.

En sus Conclusiones, el Programa de Gobierno del PRD corroboraba su sentido de responsabilidad y de seriedad política que lo distinguía,  al informar que dicho documento no era fruto de la voluntad idílica de nadie, ni producto de un puñado de personas, sino que había sido discutido y aprobado en la Convención Nacional del PRD, celebrada en Santo Domingo los días 19, 20 y 21 de octubre de ese mismo año; que constituía «[…] un compromiso que el Partido contrae ante la nación y que tiene la decidida voluntad de  cumplirlo totalmente en los cuatro años que habrá de durar el gobierno que se elegirá el 20 de diciembre», y finalmente, que «[…] el PRD no le ofrece al pueblo nada que no pueda cumplir», porque «[…] la República tiene los recursos necesarios para que este Programa de Gobierno se ejecute».

Lamentablemente, el gobierno del presidente Bosch apenas pudo completar siete meses en el poder, siendo derrocado el 25 de septiembre de 1963 por un golpe de Estado orquestado por los que no deseaban ni democracia, ni igualdad, ni justicia social, ni derechos; los que, a fin de cuentas, nunca habían apoyado ni apoyarían políticas públicas de beneficio popular.