Por: Eulalia M. Pérez C., M. A.

El contexto actual en materia de políticas públicas y sociales difiere mucho con relación a las teorías de Estados planteadas por los grandes pensadores del siglo pasado. En República Dominicana la situación es que el Estado ha implementado políticas públicas y sociales para la erradicación de la pobreza en la población que vive bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, sin embargo, dichas políticas presentan debilidades en su ejecución, ya que no llegan a todo ese segmento demográfico. Algunos de los aspectos que dificultarían el desarrollo de estas políticas son la planificación, que no articula objetivos de políticas sociales con asignación del gasto; la duplicidad de funciones sociales; el alto nivel de endeudamiento que presenta en la actualidad el país, entre otros.

El presente ensayo aborda temas concernientes a las teorías de Estado de grandes pensadores del siglo pasado, estableciendo relaciones entre ellas y las políticas implementadas por los diferentes periodos de gobierno de República Dominicana, su ejecución en el marco de las políticas públicas y sociales, así como los índices de desarrollo humano presentados por los organismos internacionales para el país, América Latina y el Caribe. Asimismo, analiza temas relacionados con la conformación del Estado dominicano y el Artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana, con la finalidad de arribar a reflexiones y conclusiones.

Palabras claves: teorías de Estado, política pública y social

Teorías de Estado

Existen diversas Teorías de Estado, tomando en consideración diferentes criterios e interpretaciones. Veamos:

Federico Engels (1997), citado por Borón, A. (2009, pp. 28-29), en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, resume el Estado de la siguiente manera:

[…]  No es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad.  Tampoco es la realidad de la idea de moral, ni la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel. Es más bien el producto de una sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del orden. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más es el Estado. El Estado es el producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase […].

Borón, A. (2009) establece una relación entre la clase que posee los medios de producción y la que utiliza los mecanismos del Estado para su dominio. Existe una relación directa entre el Estado como mecanismo de control y las clases sociales que ejercen el control del Estado, en vista de que con dicha relación la clase económica se convierte en clase política dominante que, a la postre, afianza su dominación a través de los mismos mecanismos que el Estado le provee.

Tanto Marx como Engels coinciden en su teoría sobre el Estado: señalan el criterio de que el Estado es parte de la supraestructura política, jurídica y filosófica de la sociedad, cuestión que sustentan en la obra citada.

En lo que se refiere a Marx, K. (1997), citado por Borón, A. (2009, p. 29) el Estado es «un órgano de dominación de clases, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choque entre clases».

Es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, de ahí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de él una forma política.  Por tanto, la ilusión de que la ley se basa en la voluntad y, además, en la voluntad desgajada de su base real, en la voluntad libre, y del mismo modo, se reduce el derecho, a su vez, a la ley.

Según Marx (1997), citado por Borón (2009), «el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases.  Este Estado cumple un papel de control y legitimación a través de sus órganos de la clase dominante» (p. 29).

En República Dominicana, el Estado adquiere características político-clientelares, las cuales suelen estar al servicio de intereses de grupos y no cumplen con un desarrollo sostenible en base a políticas sociales de calidad, lo cual no sustenta el desarrollo integral.

Al respecto Gramsci, A. (1971, s. p.) expresó:

[…] El Estado está dividido en dos grandes planos superestructurales: la sociedad civil, que constituye el momento de la hegemonía o del consenso; y la sociedad política o Estado, que corresponden la función de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico […].

La sociedad política es la que ejerce el Estado a través de sus órganos ministeriales, la finalidad es satisfacer las demandas de la población creando políticas sociales para el bienestar general.

En República Dominicana, la sociedad civil es una organización conformada por el sector privado, y representa un grupo de presión dedicado a cuestionar y dar seguimiento a las ejecutorias del gobierno que no actúan directamente a lo interior del Estado, que influyen dado su poder fáctico.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Mundial y otros organismos, respaldan dichas acciones. Algunas de estas instituciones apoyan económicamente grupos de presión en República Dominicana, tales como sociedad civil, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Marcha Verde, etc.

Al respecto, Max Weber (2009, p. 83-84) define el Estado como:

[…] aquella comunidad humana, que dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legitima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite.  El Estado es la única fuente del «derecho» a la violencia […].

El Estado tiene elementos que lo caracterizan: el uso de la fuerza racional, el poder coercitivo, entre otros, que consisten en su legitimación, condición que le provee la capacidad de ejercer el control y la violencia organizada para convertirse en órgano superior de control, cuyas acciones están legitimadas por las normas que el mismo Estado crea.

El Estado dominicano logra su conformación a partir de la promulgación de la primera Constitución de la República, el 6 de noviembre de 1844. Un elemento que ha definido las características del Estado desde su creación ha sido la crisis cíclica como consecuencia de la fragmentación del poder, resultado de los conflictos que se desarrollaron entre los diferentes sectores de clases que aspiraban a la dirección del Estado, siendo este fenómeno el causante de una prolongada inestabilidad política e institucional.

La estabilidad del Estado dominicano se produce bajo la cultura autoritaria a partir de 1930, período en el que la sociedad dominicana vivió cierta estabilidad política, pero bajo un régimen dictatorial.

En tal sentido, la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 8, (2010, pp. 32-33) establece que:

[…] la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de la libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

El Estado es responsable de proveer y regular políticas públicas y sociales inclusivas para el desarrollo del país, a través de la  planificación de estrategias de desarrollo sostenible, cuyo propósito fundamental es la erradicación de la pobreza y la inclusión de los sectores bajo la línea de pobreza a la adquisición de los recursos sociales y económicos, así como al  acceso de los  bienes fundamentales:  viviendas dignas, servicios comunitarios, generación de empleo formal,  acceso a la salud, protección social,  seguridad ciudadana, educación y protección del medio ambiente,  entre otros,  a fin de garantizar  la calidad de vida de la población.

Política Social de los gobiernos en República Dominicana

Los programas de asistencia social en República Dominicana no obedecen a una política social de Estado sostenible, sino que han sido creados por los gobiernos bajo una lógica político-clientelar que no ha conseguido su objetivo de reducir la pobreza. En este contexto, reflexionamos sobre los aportes de los diferentes gobiernos y el papel del Estado en el marco de las políticas públicas y sociales, así como su rol en la lucha contra la pobreza a través de dichas políticas.

A continuación, presentamos las políticas sociales implementadas por los diferentes gobiernos hasta llegar al presente:

– Rafael L. Trujillo Molina (1930-1961)

Ejerció el poder desde 1930 hasta su muerte, sin embargo, por circunstancias de carácter internacional, otros gobernantes asumieron el mando por cortos periodos: Jacinto Peynado, Manuel de Jesús Troncoso, y el hermano del dictador, Héctor Bienvenido Trujillo. Trujillo era el poder detrás del trono. En esos años de dictadura se crearon las principales instituciones estatales del sector social y las leyes que las sostienen, como es el caso de la Ley de Educación. Las principales características de las políticas sociales elaboradas en aquel periodo son: creación del marco institucional del sector social, su visión universal de las políticas sociales y la vinculación de estas con el trabajo; el Seguro Social; la Ley No. 1316, sobre Pensionados y Jubilados del Estado, del 29 de diciembre de 1946; la Ley No. 251, sobre Retiro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, del 9 de abril de 1943, y sus modificaciones de los años 1945 y 1951; la Ley No. 118, sobre Pensión de Retiro a los Miembros de la Policía Nacional, del 25 de mayo de 1939, y sus modificaciones de los años 1940 y 1943; la Secretaría de Estado de Trabajo, mediante la Ley 1312.

– Juan Bosch (dic. 1962-sept. 1963)

Promulgo la primera Constitución Social Dominicana, con la cual inicia diferentes medidas de carácter social.

El Artículo 24 establece que solo las personas físicas dominicanas tienen derecho a adquirir la propiedad de la tierra.  Se declara de alto interés público el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno y mejoras propias. El fundo y hogar que sirvan de asiento a la familia serán inembargables e inalienables. La Ley determinará la extensión, composición y valor del patrimonio familiar inembargable inalienables.

El Artículo 28 establece que se consagra a favor de cada familia campesina desprovista o insuficientemente provista de tierra, el derecho de ser dotada de la misma, mediante parcelas de extensión proporcionadas a las condiciones del terreno y a sus necesidades y capacidad de trabajo, suministrándoles los medios adecuados para asegurar el progreso económico y social de la comunidad.

– Dr. Joaquín Balaguer (1960-1962), (1966-1978), (1986-1996)

El gran legado de dichos períodos estuvo en el vasto plan nacional de viviendas para la población de escasos recursos, que se extendió por todas las provincias del país, aunque su mayor concentración fue en el Distrito Nacional. Construyó hospitales, escuelas, carreteras, entre otros. Fundó un Plan Social que llamó la Cruzada del Amor, dirigido por su hermana Emma Balaguer. Creó leyes de incentivo. Durante diez años predominó una visión asistencialista de las políticas sociales, que se reflejó en la entrega sistemática de las funditas de alimentos y en los subsidios o las ventas populares a precios subsidiados, políticas que se mantienen hasta la actualidad. Producto de presiones de organismos internacionales, como es el caso del Programa de Naciones Unidas (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creó el Plan Decenal de Educación y el fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD).

– Don Antonio Guzmán (1978-1982)

Dicho gobierno se caracterizó por su inversión en la agricultura y distribución de la tierra a los sectores productivos del campo.
Mediante el Decreto 426, creó el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), que en su Art.1 planteaba como objetivo principal la promoción del bienestar de los niños dentro de un plan general de desarrollo del país, mediante el estudio, la coordinación, la eventual ejecución y el apoyo a los proyectos y programas que beneficien a la niñez. El mismo estuvo dirigido por la primera dama de la República, doña Renée Klang de Guzmán.

– Dr. Salvador Jorge Blanco (1982-1986)

En dicho gobierno no se implementaron políticas sociales.

– Dr. Leonel Fernández Reyna (1996-2000)

En este período se estabiliza la macroeconomía e incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) un 7%. Se incentiva la inversión privada y extranjera. Se reorganiza e incrementa un 60 y 70 por ciento el gasto público social con la intención de reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza, a través de la implementación del Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza, de la Dirección General de Comunidad Digna, con el que se crearon programas como: la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial y los Consejos Provinciales de Desarrollo, con el fin de desconcentrar la administración pública. En el ámbito de las políticas de género, se destacó en 1997 la reforma al Código Penal, a través de la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar.  Esta Ley establece programas de atención específica en el régimen judicial y el sector salud para atender los casos de violencia intrafamiliar y a la mujer. Ese mismo año fue promulgada la Ley 55-97, que otorga a la mujer el derecho de recibir todos los beneficios contenidos en la reforma agraria.

– Ing. Agr. Hipólito Mejía (2000-2004)

Este gobierno se caracterizó por ejecutar una política de inversión social dirigida a elevar las condiciones de vida de la población, y a enfrentar el estado de pobreza y marginalidad en millones de hogares dominicanos.  Estuvo centrado en mejorar el acceso a la educación, la salud y la seguridad social, así como a las viviendas y la alimentación, a través de un agresivo programa de mercados populares, y la protección del empleo. Implementó un enérgico programa de lucha contra la pobreza, a través de 22 instituciones.  Instituyó la Tarjeta de Ayuda Escolar (TAE) con la inclusión de 10,000 madres, logrando reducir en un 40% la deserción escolar en el nivel básico. Inauguró 185 centros de Desarrollo Infantil. Implementó diferentes subsidios al sector energético y gas. Construyó 500 obras comunitarias a través de Pro-Comunidad, viviendas, entre otras.

– Dr. Leonel Fernández Reyna (2004-2012)

En este nuevo período, el presidente Fernández realiza un sinnúmero de reformas sociales, mediante la implementación de programas claves para la población pobre y vulnerable. Dentro de estos programas se encuentra Progresando con Solidaridad, Recuperación de la producción de alimentos básicos, Rehabilitación y construcción de infraestructuras en el sector rural y la Tarjeta Joven Universitario. El programa Progresando con Solidaridad, desde sus inicios hasta el 2010, ha invertido en transferencias para la protección social más de 19,000 millones de pesos. Dicho programa estableció en el 2004 el proyecto piloto Comer es Primero, beneficiando en diferentes sectores a 5,763 familias. Incentivo de Asistencia Escolar, favoreciendo a 193,988 hogares. Para el 2010, el Programa Progresando con Solidaridad, en transferencias condicionadas, se había expandido hasta 528,721 familias inscritas. Portal Educativo Dominicano, Centros Tecnológicos Comunitarios, la Red Nacional de Alfabetización, la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control del Dengue, Componente Dominicano con Nombres y Apellidos. En el 2006 se implementa el Plan Seguridad Democrática, Quisqueya Verde, Plan Nacional de Políticas de Empleo y Protección al Envejeciente, beneficiando a 60,000 personas, entre otros.

– Lic. Danilo Medina Sánchez (20012-2016)

Implementó el 4% del PIB para Educación, el cual no ha llenado las expectativas creadas a la población, a pesar del elevado porcentaje. Desarrolló proyectos habitacionales, como Ciudad Juan Bosch y Nueva Barquita, continuó las políticas sociales efectuadas por el expresidente Leonel Fernández Reyna, a través de la Vicepresidencia de la República.

Sin embargo, el impacto de dichas políticas no abarcó a toda la población que vive bajo la línea de pobreza, además, estos programas sociales tienen una connotación político-clientelar y, por ende, aseguran una cuota de poder a los gobiernos con mira a los procesos electorales. Asimismo, en los cambios de gobierno esas políticas varían de acuerdo con los intereses del candidato de turno, lo que hace más difícil mantener la estabilidad de los programas.

Es importante señalar que las acciones desarrolladas por los periodos de gobiernos que hemos estudiado se fundamentan en acciones gubernamentales, las cuales son temporales, debido a la concesión clientelista de estos. Lo que ocurre es que no existe una línea de acción permanente e integral orientada a disminuir la barrera de la pobreza y la marginalidad económica y social, ya que no es una concesión de Estado, sino de gobierno.

Índice de Desarrollo Humano en República Dominicana, América Latina y el Caribe

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), emitidos en septiembre del 2015 y hasta el año 2030. En tal sentido, los números uno y dos de estos objetivos siguen siendo la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo, con el fin de propiciar el acceso a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, a la adquisición de los recursos sociales y económicos fundamentales para garantizar su calidad de vida.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), República Dominicana mejoró dos posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), de 0.689 a 0.702, entre 2011 y 2012, incrementando una posición en el ranking mundial de 187 países y ocupando la posición 23 de 33 países de América Latina y el Caribe, lo que la clasifica con Índice de Desarrollo Alto. (Informe de Desarrollo Humano del PNUD, presentado el 22 y 23 de marzo del 2017).

Sin embargo, este crecimiento es solo para la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, con una población de 1.4 millones de habitantes. El Distrito Nacional es la única provincia del país que registra un desarrollo humano alto. En cambio, en las provincias que se registra un desarrollo humano bajo y desarrollo medio bajo, se refleja desigualdad en la calidad de vida, el poder adquisitivo, el acceso a salud, la educación y vivienda, entre otros.

El Banco mundial establece que República Dominicana ha sido uno de los países más fuertes en América Latina y el Caribe en los últimos 25 años. Durante el año 2017 la economía se expandió un 5,2 %, tras un crecimiento anual promedio de 7,1 % entre 2014 y 2016.

La proporción de dominicanos viviendo en la pobreza (alrededor 152.00 pesos por día), se redujo drásticamente de 42,2 % en 2012 a 30,5 % para 2016, de acuerdo con cálculos oficiales. Sin embargo, este crecimiento no se refleja a nivel nacional en la población que vive bajo la línea de pobreza. El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha presentado un nuevo índice de Desarrollo Humano sobre cuáles países de la región y el mundo tienen los índices más altos, con mejores resultados. En dicho Informe, establece que Chile avanzó cuatro puestos en el Índice de Desarrollo Humano para el 2021, Argentina retrocedió cinco puestos en (IDH). Son los únicos dos en el grupo de países de la región con Desarrollo Humano «muy alto», liderado por Noruega.  Latinoamérica sigue progresando en términos de Desarrollo Humano, aunque la región continúa lastrada en el problema de la desigualdad social.

En tal sentido, los tres países con mejor Índice de Desarrollo Humano son: Noruega, Australia y Suiza, la organización internacional destaca los extraordinarios «avances logrados» en los últimos 25 años por los países latinoamericanos y el Caribe, pero estos tienen un progreso lento y desigual en el caso de ciertos grupos.

Según la lista elaborada por el PNUD, existen diferencias importantes en la mayoría de los países de la región. Para el año 2021 Chile ocupa el puesto 42, Argentina el 47, Costa Rica el 58, Uruguay el 58 y Panamá el 61, siendo los únicos países con Índice de Desarrollo Humano (IDH) muy alto.

De igual manera, con Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto, se encuentran República Dominicana 80, Cuba 83, Perú 84, México 86, Brasil 87, Colombia 88 y Ecuador 95.

En Cambio, con relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio, aparecen Bolivia en el puesto 118, Venezuela 120, El Salvador 125, Nicaragua 126, Guatemala 135 y Honduras (137).

Índice de Desarrollo Humano (IDH) bajo, Haití (163).

Con relación al último informe de la Oxfam alusivo a República Dominicana, esta establece estadísticas sombrías del contexto económico y organizativo del Estado, identificando la malversación y dispendio de los recursos del contribuyente que administra el gobierno.

La Oxfam señala malversación y dispendio por los 90 mil millones que involucra RD$570 millones diarios, manejo altamente cuestionable, identificado por el derroche de recursos, con los cuales numerosas instancias sin atención pudieran recuperarse y mejorar la calidad de vida de muchos dominicanos. Esa carrera alcista de dispendio se proyectaba para el 2018 en RD$66,872 millones y RD$117 millones para el 2020, año de elecciones.

República Dominicana es el sexto país del Caribe y América Latina con mayor densidad de empleos públicos por habitantes, 58,313 por cada millón. El promedio regional es de 48,351, y República Dominicana es mayor relacionado con países centroamericanos.

La Presidencia de la República concentra más empleos que nueve ministerios, con incremento del 62 % del 2016 al 2017. Asimismo, se estima que la corrupción drena RD$26,292 millones o el 0.7% del PIB, y la duplicidad de funciones RD$12,821 millones al año. La deuda pública se incrementó en 2016 en US$3,459,7 millones, $9.61 millones diarios y US$283.3 al mes. Hoy US$27,000 millones.

Los planteamientos a los que me he referido nos orientan hacer las siguientes reflexiones de manera sucinta

– El desarrollo de un país implica tener presente varios factores, tales como: desarrollar políticas públicas y sociales de calidad, generar empleo, redefinir la política educativa, la seguridad social, mantener un alto nivel en el gasto social, fortalecer la institucionalidad y un equilibrio macroeconómico, entre otros.

– Debe erradicar acciones que obstaculizan el desarrollo nacional, como la corrupción clientelista, el despilfarro y alto nivel de endeudamiento, entre otros.

–  El Estado debe impulsar respuestas que demanda la población a través de la creación de políticas sociales eficaces, que contribuyan a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas; asimismo, tiene que crear las condiciones necesarias para que la población más necesitada obtenga los bienes fundamentales para vivir de manera digna; sin embargo, la población que vive bajo línea de pobreza llega a nivel de indigencia, la clase media llega a nivel de pobreza y los ricos son cada vez más ricos.

–  A partir del año 2004, República Dominicana determina el mapa de pobreza en el país y crea un programa social que beneficia a la población vulnerable en el marco de políticas públicas de sostenibilidad social, en la dirección de integrar a sectores sociales que están bajo la línea de pobreza y pobreza extrema. En dicho período crea el programa Progresando con Solidaridad, el cual consta de la Tarjeta de Solidaridad, Bono Gas y Bono Luz, entre otros.  La Tarjeta de Solidaridad está vinculada a transferencias de efectivo que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de sus miembros. No obstante, dicho Programa no llega a toda la población bajo la línea de pobreza, ya que, según estudios, se ha concentrado en el Distrito Nacional.  El problema fundamental radica en que los programas de asistencia social son un conjunto de política-clientelar, los cuales están dirigidos a sectores bajo la línea de pobreza comprometidos con el de gobierno de turno.

-Las políticas sociales creadas a través del Programa de Solidaridad no tienen impacto real en la población debido a una combinación de factores: la creación de empleos para ayudar a los miembros del partido que hacen campaña, falta de una política social integral, el alto nivel de endeudamiento público, para el año 2018 la inversión pública representó el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando debería ser mayor. El gasto público corriente se adjudica un 53% del PIB, también están los subsidios al sector energético y otros. La deuda cuasi fiscal afecta el aparato productivo en general, no solo las finanzas. La composición del presupuesto no tiene una buena distribución, la inversión pública está paralizada y el dispendio del gobierno, entre otros, utiliza recursos del Estado para mantener su imagen a través de los medios de comunicación, para lo que emplea cuantiosas sumas de dinero, el cual debería ser orientado a reducir la pobreza a través de programas sociales sostenibles.

–  Según estudios publicados en la página web de la Dirección General de Crédito Público, se puede ver que la deuda pública para el 2021 fue de 50,469 millones de euros, creciendo 1,029 millones con relación al año el 2020, que fue de 49.44 millones de euros. De acuerdo con esta cifra, la deuda alcanzó en el 2021 el 63.06 % del PIB, una caída de 8.47 puntos respecto al 2020, cuando la deuda anduvo por el 71.49 % del PIB. Asimismo, la deuda pública se incrementó desde el 2011 en términos de deuda global, cuando fue de 16,300 millones de euros, y además en porcentaje del PIB, que fue de 39.05 %.

De acuerdo con el último informe publicado, la deuda per cápita de República Dominicana en 2021 fue de 4.607 euros por habitante.  En el 2020 fue de 4.558 euros, lo que significa que la deuda por habitante se incrementó a 49 euros. En el 2011 la deuda por persona era de 1.70 euros.

Conclusiones

Todo lo expuesto anteriormente, nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

– Que las corporaciones penetran la economía dominicana, y que el capital siembra pobreza en diversos territorios, por la lógica de la acumulación. Asimismo, se observa la falta de voluntad del gobierno para sustentar y enfocar los recursos del Estado a una política de inversión social de desarrollo sostenible,

– Que el gasto público exagerado, los altos niveles de corrupción sin consecuencia y el alto nivel de endeudamiento, entre otros, son la principal causa de pobreza en República Dominicana.

– Que la ineficiente distribución del presupuesto es otra causa de pobreza en el país, además de la alta inversión en publicidad.

– Que la ineficiencia en la gestión de la burocracia genera pobreza en el país.

– Que el abultamiento de la nómina político-clientelar y la deuda externa, provocan pobreza en el país.

– Que la desvinculación entre la política social y la política económica y fiscal, crean desigualdad en la distribución de la riqueza.

– Que no tomar medidas administrativas de control, como es reducir el gasto público, genera pobreza.

Con este el alto nivel de endeudamiento, no se pueden financiar políticas sociales de calidad, ni aumentar el gasto social para lograr el desarrollo institucional. De tomar acciones contundentes en este sentido, pudiéramos pensar que existe voluntad de erradicar el despilfarro que tiene el gobierno y redefinir su política de inversión, a fin obtener los recursos necesarios para la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030.

El gobierno debe tener una política de transparencia y pulcritud en el manejo de la administración pública, creando políticas reales de calidad. Definitivamente, estamos ante una administración pública deficiente.

Aspiramos a tener un país reforzado en el Estado social y democrático de derecho, que implemente gestiones eficaces a fin de garantizar a cada dominicano y dominicana los derechos establecidos en nuestra Constitución.

Referencias

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