Por: Eliades Acosta Matos
El gobierno del presidente Juan Bosch no duró más de siete meses, el tiempo que se extiende entre su toma de posesión, el 27 de febrero de 1963, hasta el golpe de Estado que lo derrocó, ocurrido el 25 de septiembre de ese mismo año, un período demasiado corto para poder valorar a fondo la metodología de elaboración y aplicación de las políticas públicas de su administración dirigidas a encarar los graves y urgentes problemas económicos y sociales del país. Pero, a pesar de que la reacción oligárquica nacional y el gobierno norteamericano no dieron tregua durante esos angustiosos meses, ha quedado para la historia suficiente evidencia documental que permite delinear, a grandes rasgos, los principios sobre los que se asentaron y los campos de acción que abarcaron sus medidas de gobierno.
Desde la campaña electoral de 1962, y antes de ella, Bosch mostró tener un dominio absoluto de la situación concreta del país y de los enormes problemas no resueltos para el pueblo, heredados de la dictadura trujillista y el gobierno del Consejo de Estado. No se limitó a elaborar un programa de gobierno previsor y sobre bases científicas, que se expresaría en las políticas públicas implementadas, sino que apuntó hacia la raíz de los problemas, buscando resolverlos de fondo, aplicando un enfoque sistémico a su obra de gobierno.
El presidente Bosch no improvisó con las decisiones de gobierno adoptadas; no prometió sin intentar cumplir; no utilizó herramientas populistas; no temió afectar intereses y privilegios ancestrales; trabajó no solo para el presente, sino para el futuro. Desde este ángulo, fue y sigue siendo un raro ejemplo de estadista en República Dominicana donde, lamentablemente, más de medio siglo después, los sucesivos gobiernos electos pocas veces han aplicado en su ejecutoria estos principios, primando el clientelismo, la demagogia, el populismo, la improvisación y el cortoplacismo efectista.
Siendo ya presidente electo, pero aún no en funciones, en el periódico El Caribe del 15 de enero de 1963, Bosch publicó un artículo titulado “Detalla plan para la ciudad de Puerto Plata”[1] en el que dejaba establecido la primera premisa de su gobierno, de cara a las políticas públicas a poner en práctica:
“Desde el 27 de febrero, en adelante, las cosas van a ser diferentes porque el gobierno será el gobierno de todos los dominicanos, no solo de los perredeístas. Va a ser un gobierno para trabajar a favor de todos los dominicanos, y especialmente, a favor d ellos que más necesitan el apoyo y el amparo del gobierno”
En esta sencilla declaración de principios, se sintetizaba la filosofía que regiría la elaboración y puesta en vigor de un abarcador programa de políticas públicas basadas en dos pilares cardinales: en primer lugar, el sentido inclusivo de las mismas, que no se aplicarían para beneficiar a mezquinos intereses políticos de grupo, sino en cumplimiento de un mandato popular y ciudadano que debía beneficiar a todos, sin exclusiones, corroborando que el sentido de un gobierno es servir desinteresada y eficazmente al bien común, y en segundo lugar, que este paquete de programas a aplicar y la distribución de los recursos priorizaría a las capas menos favorecidas del pueblo, proclamando con ello, de manera inequívoca, el sentido social de la futura administración.
Para evitar las improvisaciones, y en consecuencia, la dilapidación de recursos que no apuntasen al corazón de los problemas, ni beneficiasen a las amplias capas de la ciudadanía, Bosch anunció en ese artículo que, durante su visita a Estados Unidos una vez concluidas las elecciones, como más adelante haría en Europa, había sostenido conversaciones con políticos y empresarios, incluyendo al presidente Kennedy, en busca de apoyo, créditos e inversiones capaces de servir de sostén a sus ambiciosos programas sociales y a sus políticas en pro del desarrollo sostenible del país. También que se habían formado comisiones del nuevo para estudiar el perfeccionamiento del aparato estatal y elevar la efectividad de las instituciones gubernamentales.
Lo anterior revestía enorme importancia: lo primero que había que transformar, si se deseaba transformar al país, era al ente transformador, o sea, al propio gobierno. No se lograría nada, a pesar de las buenas intenciones, ni se podrían planificar y aplicar políticas públicas de beneficio colectivo sin un gobierno moderno, eficiente, no burocrático ni corrupto, capaz de fundamentar cada una de sus acciones en pronósticos científicos y no en la simple voluntad de un mandatario o grupo de poder. El primer objetivo de las transformaciones, en consecuencia, sería la propia institución gubernamental.
Otra señal inequívoca que nos permite entender la esencia del gobierno de Bosch y explicar por qué, a pesar de su corto mandato, fue y sigue siendo paradigmático en el terreno de las políticas públicas, residió en su compromiso con la transparencia gubernamental y en la aplicación del principio de la cogestión ciudadana, mediante un sistema de rendiciones de cuenta, a todos los niveles. Desde antes de ocupar la primera magistratura del país Bosch dio el ejemplo, tras regresar de su gira por Estados Unidos y Europa, haciendo una pormenorizada rendición de cuentas pública acerca de sus gestiones y los acuerdos logrados, lo cual fue publicado, en extenso, en las páginas del periódico El Caribe, del 20 de febrero de 1963, a escasos siete días de su toma de posesión, bajo el título de “Bosch rinde informe de su gestión en el exterior”[1]. Lo que se refrendaba aquí, aparte de la más amplia transparencia, era que el gobierno acataba la soberanía popular, y se consideraba un servidor de los intereses públicos, y no a la inversa, como había sido la práctica histórica, especialmente en la era de Trujillo.
Eran señales de que a la nación llegaban tiempos nuevos y de que el gobierno que pronto tomaría posesión contaba , como una de sus fortalezas estratégicas, con la participación popular, garantía de una práctica gubernativa y de políticas públicas justificadas y democráticas. A esto llamó Bosch “la aplanadora del poder popular”.
Los enemigos profundos de la democracia dominicana, dentro y fuera del país, no le perdonarían este intento, serio, profundo y valiente, de cambiar las ancestrales reglas del juego.
